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Cinco nuevas obiligaciones enmateria de sostenibilidad y responsabilidad social para las fundaciones del sector público Estatal.

La entrada en vigor de la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible, introduce nuevas obligaciones en materia de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, para las fundaciones del sector público estatal, -las cuales, de acuerdo con el artículo 44 de Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son todas aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado, sus organismos públicos o demás entidades del sector público estatal, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

La Ley de Economía Sostenible establece cinco obligaciones específicas para las fundaciones del sector público estatal, obligándolas a:

  1. Establecer programas específicos de ahorro y eficiencia energética y de utilización de fuentes de energía renovables que, con carácter general, antici pen el cumplimiento de los objetivos generales fijados con el horizonte 2020, de modo que, de acuerdo con el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, se alcance en 2016 el objetivo previsto de un ahorro energético del 20 por ciento respecto al escenario tendencial en ausencia de medidas.
  2. Establecer los requerimientos mínimos de calificación energética que deberá cumplir la adquisición de bienes y derechos etiquetados energéticamente.
  3. Establecer la calificación mínima de los edificios y vehículos que integran el patrimonio de las Administraciones Públicas.
  4. Inscribir en el registro de Personal Directivo del Sector Público Estatal, al personal que tenga funciones ejecutivas de máximo nivel de las fundaciones del sector público estatal.
  5. En el caso que las fundaciones realicen inversiones temporales en valores mobiliarios e instrumentos financieros, deberán establecer un sistema de selección y de gestión de inversiones, valorando en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando siempre que se produzca el necesario equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación. (Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales.)

Las fundaciones del sector público estatal, cualquiera que sea su actividad, deberán de esta manera, abrir una nueva vía, para muchos, hasta ahora desconocida: la de la sostenibilidad. Las acciones de interés general que puedan llevar a cabo las referidas fundaciones, son, por lo general, sostenibles socialmente, pero, ¿lo son medioambientalmente?

Las fundaciones del sector público estatal, deben aspirar y esforzarse en ser sostenibles, no sólo socialmente, sino también, económica y medioambientalmente.

Cuidemos el Medio Ambiente.

Este documento ha sido entregado en formato electrónico a fin de evitar su impresión en papel. Por favor, antes de imprimir, piense bien si es estrictamente necesario.

Mireia Ferré

Abogado

Barcelona, a 21 de Septiembre de 2011.

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